El Gobierno aprobó un plan para transferir obras del FISU a provincias y municipios con financiamiento propio

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno aprobó un plan de acción para avanzar con el traspaso a provincias y municipios de obras en ejecución en barrios populares, luego de que la Justicia Federal suspendiera la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

La decisión fue instrumentada este miércoles mediante la Resolución 209/2026, publicada en el Boletín Oficial. El esquema contempla que los gobiernos locales puedan asumir la continuidad y el financiamiento de los proyectos con recursos propios.

De acuerdo con la normativa, se dará curso a las obras en ejecución de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del área competente. Su implementación requerirá además la participación, el acuerdo y la coordinación previa con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios involucrados.

El plan establece también un procedimiento para los casos en los que se hayan detectado irregularidades por parte del ente ejecutor o del contratista. En esas situaciones, se verificará si fueron aplicadas las medidas correctivas correspondientes y, en caso de que los incumplimientos persistan, se gestionará el recupero de los fondos aportados y podrá resolverse el convenio por responsabilidad del ejecutor.

En paralelo, las provincias y municipios serán notificados para que evalúen la posibilidad de hacerse cargo de las obras sin asistencia financiera del Estado nacional. Cuando no existan incumplimientos o estos hayan sido subsanados, se analizará la viabilidad de que la provincia, el municipio u otro ente ejecutor continúe el proyecto con recursos propios.

Si los gobiernos locales rechazan esa posibilidad o no cuentan con capacidad para afrontar el costo, la eventual continuidad con fondos nacionales será determinada de manera “restrictiva y fundada”.

Para tomar esa decisión se tendrán en cuenta tres variables: el grado de avance físico de cada proyecto, el interés público comprometido y los costos necesarios para finalizarlo, junto con la disponibilidad de recursos presupuestarios.

La medida se inscribe en el proceso de revisión administrativa iniciado a partir de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el FISU y de la posterior intervención judicial que suspendió su disolución.

Según el informe de la SIGEN citado en los antecedentes de la medida, se detectaron incumplimientos en los plazos de ejecución de obras y demoras en las rendiciones de cuentas, además de sobrecostos y adquisiciones de terrenos considerados inadecuados, entre ellos predios cercanos a basurales y operaciones realizadas sin la correspondiente tasación previa.

La auditoría también identificó adjudicaciones a cooperativas que, según el organismo de control, no acreditaron idoneidad ni antecedentes técnicos suficientes. Tras esos hallazgos, el Gobierno había dispuesto mediante el Decreto 312/2025 la disolución y liquidación del fideicomiso FISU.

El proceso, sin embargo, fue interrumpido por la Justicia Federal. A partir de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras entidades, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la disolución.

La resolución judicial ordenó al Poder Ejecutivo elaborar un plan de actuación destinado a garantizar la continuidad de la política pública de integración socio urbana establecida por la Ley 27.453.

En ese contexto, y con el objetivo de cumplir con la decisión judicial y la normativa vigente, la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano realizó un relevamiento técnico para determinar el estado de avance de los proyectos, los fondos asignados y los eventuales incumplimientos de los entes encargados de ejecutar cada obra.